El factor Chehade y la legitimidad de Humala

9 años ago
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Escrito por: Juan Daniel Aguilar

Durante las últimas semanas, un suceso logró sacudir el tejido político del nuevo gobierno y puso en tela de juicio compromisos electorales del actual Presidente. Estamos hablando del escándalo protagonizado por el –aún- segundo Vicepresidente de la República, Omar Chehade, quien habría intentado beneficiar, en conjunto con altos mandos policiales, a un conocido grupo empresarial en el litigio judicial que este enfrenta en torno al control de una importante azucarera. Este hecho le valió una acusación formal ante la Comisión de Ética del Congreso de la República, la cual dictaminó una suspensión de 120 días y decidió trasladar sus recomendaciones a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quienes vienen evaluando una recomendación de desafuero del parlamento por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. El presente artículo tiene como fin ir más allá de la noticia para analizar brevemente cómo es que este incidente puede llegar a perjudicar –y ya lo viene haciendo- la legitimidad del actual gobierno y, por ende, su capacidad de implementar parte de sus políticas públicas previstas.

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No han pasado más de 4 meses desde que Ollanta Humala asumió el cargo de Presidente de la República y ya debe hacer frente a esta grave acusación no solo contra su Vicepresidente, sino también contra parte del discurso que asumió durante campaña respecto a la severa problemática de la corrupción dentro del aparato estatal. Esto último lo podemos empezar a analizar viendo el siguiente cuadro elaborado por Ipsos-Apoyo para su encuesta realizada en el mes de mayo durante la campaña de segunda vuelta:


Como podemos notar, la principal fortaleza que el discurso de Humala logró transmitir a lo largo de la campaña electoral, a diferencia del de su rival, fue la premisa de llevar una lucha frontal contra la corrupción. Esto no es para menos, ya que de acuerdo a la Sexta Encuesta Nacional Sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú realizada en agosto del 2010, para el 51% de ciudadanos el principal problema del país es la corrupción, quitándole el lugar a problemáticas tan serias como la pobreza y el desempleo. Parte de este “merito” correspondió al saliente gobierno de García, durante el cual los casos de corrupción se volvieron la temática diaria de los medios de comunicación (con escándalos tan sonados como el de los Petro-audios). Al respecto, sería muy osado señalar que este fue el punto determinante que posibilitó el triunfo electoral de Humala, sin embargo, se puede señalar que dentro de los factores que lo posibilitaron, la posición que asumió frente a la corrupción fue un factor tajante para conseguirlo.

Tomando en consideración el escenario descrito, el escándalo en que se ha visto involucrado el Vicepresidente Chehade viene impactando severamente en la imagen y confianza del nuevo gobierno, y más aún, considerando las altas expectativas que hay sobre él -así como la amplia oposición (no solo política)-, si no se termina de conducir de la manera más transparente y correcta, podría llegar a repercutir severamente desvirtuando su relación con la sociedad.

Aquí es necesario tener en consideración los siguientes preceptos. Tal como menciona Bresser en su trabajo titulado “La Reforma del Estado de los Años Noventa”, los Estados modernos deben hacer frente a 4 problemas básicos: 1) La delimitación del tamaño del Estado; 2) La redefinición del papel regulador del Estado; 3) La recuperación de la gobernancia; y 4) El aumento de la gobernabilidad. Precisamente, es en este último punto donde este hecho podría generar el mayor impacto para el actual gobierno ¿Por qué? Pues, porque la gobernabilidad es la capacidad política de la que dispone el Estado para gobernar, la cual deriva directamente de la relación de legitimidad entre este y la sociedad, donde dicha legitimidad puede definirse como el grado de consenso que existe dentro de una comunidad para aceptar la autoridad vigente.

La situación del Vicepresidente perjudica esta legitimidad, este consenso entre ciudadanos y Estado, pues vulnera el compromiso pactado –a través de la elección- por una lucha frontal contra la corrupción. Los efectos de esta transgresión empiezan a generar un desgaste en la propia imagen del Presidente y de todo el gobierno, en quienes también recae el peso político de este incidente; El reflejo más sencillo de ello son las caídas en sus niveles de aprobación que se han visto menguados de acuerdo a las últimas encuestas realizadas.

Como sabemos, las políticas públicas son el “cómo” se hace dentro del sector público y surgen a partir de ventanas de oportunidad que el contexto genera ocasionalmente durante un período de tiempo. Lo que puede llegar a suceder es que como consecuencia de la debilitación de la capacidad de gobernabilidad, que se genera a partir de la pérdida de legitimidad del Estado, el gobierno pierde eficacia en la implementación de sus políticas públicas, pues la ciudadanía se torna más renuente y crítica a la labor del Estado, de modo tal que se genera una disonancia entre la política pública y la ventana de oportunidad que la posibilita, dando por resultado políticas públicas mal implementadas, con objetivos mal delimitados o fuera de plazo. Esto ilustra como un problema político puede terminar por obstaculizar el trabajo técnico de un gobierno, limitando así su capacidad de ejecución.

Finalmente, frente a esta polémica, solo queda por señalar que las opciones para Ollanta Humala no son muchas, y tal como avanzan las investigaciones, tendrá que decidir entre cumplir con sus promesas electorales y que se garantice un debido proceso con información transparente que permita nos aclare esta situación, o escudar a su ex abogado mientras este sale por la puerta falsa; Las expectativas son muy altas y a 4 meses de iniciado un gobierno sería muy arriesgado dañar la legitimidad del mismo.


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